Delitos Societarios Navarro Llima Abogados Zaragoza Penal Económico

Análisis de los principales delitos societarios

Los delitos societarios se definen como aquellos que se cometen dentro de las sociedades mercantiles, con la consecuente finalidad de perjudicar a la propia sociedad, a sus socios o a terceros.

Para abordar estos delitos, es crucial poseer no solo conocimientos en derecho penal, sino también formación en áreas empresariales, mercantiles y contables, lo cual posiciona a Navarro Llima Abogados como un referente en este ámbito.

En nuestra legislación, encontramos la regulación de estos delitos en el Código Penal, específicamente en los artículos 290 a 297 del Título XIII, los cuales detallaremos a continuación.

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Identificación de los delitos societarios

Según el Código Penal, estos delitos sancionan conductas llevadas a cabo dentro de las sociedades, identificando el bien jurídico común como la adecuada administración de las sociedades mercantiles.

Un elemento característico de los delitos societarios es que el sujeto activo sólo puede ser el órgano de administración de la sociedad, de hecho o de derecho.

Es importante destacar los requisitos de perseguibilidad según el artículo 296 CP: «Los hechos descritos en este capítulo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. En casos de afectación a intereses generales o a una pluralidad de personas, la denuncia del Ministerio Fiscal será válida».

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A continuación, detallamos los diferentes delitos societarios regulados en el Código Penal:

Delito de falsedad documental societaria

Regulado en el artículo 290 CP, este delito ocurre cuando administradores y directivos falsifican deliberadamente las cuentas anuales u otros documentos, por ejemplo los balances o PyG de una sociedad para ocultar saldos negativos o inflar el valor real de la organización ante accionistas, competidores, inversores, etc.

La pena para este delito es de uno a tres años de prisión, acompañada de una multa proporcional al monto total defraudado. Además, si se llegara a causar el perjuicio económico se imponen las penas en su mitad superior.

Delito de acuerdos abusivos o lesivos

Conforme al artículo 291 CP, este delito se comete cuando los administradores, miembros de la mesa directiva y socios mayoritarios imponen acuerdos abusivos en perjuicio de socios con menor participación en la sociedad, con la intención de obtener beneficio económico propio o ajeno.

La pena para este delito es de seis meses a tres años de prisión, acompañada de una multa equivalente a la gravedad de la acción cometida.

También se castiga, como indica el artículo 292 CP, la toma de decisiones por las mesas ejecutivas mediante la falsificación de la voluntad de uno o varios accionistas, es decir, cuando se obtiene mayoría por medio de una firma sobre un documento en blanco o permitiendo el voto a socios que nos beneficiarios de ese privilegio.

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Delito de obstaculización de los derechos sociales

Este delito societario se encuentra previsto en el artículo 293 CP, y concurre cuando un administrador niega a un socio el ejercicio del derecho de información, participación en la gestión, suscripción preferente o control de la actividad social. El tipo requiere que se deniegue sin que exista una causa legal para denegarlos. La pena prevista es una multa de 6 a 12 meses.

Delito de obstaculización de la actividad supervisora o inspectora de la Administración Pública

Regulado en el artículo 294 CP, y se define como un delito que se castiga cuando un administrador de una sociedad sometida a supervisión administrativa se niegue o impida hacer las labores inspectoras o supervisoras. Este delito únicamente concurre en el caso de sociedades que actúan en mercados sujetos a supervisión, y se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años, o multa de 12 a 24 meses.

Para afrontar situaciones en las que se hayan podido cometer estos delitos, tanto para socios minoritarios como a los propios administradores a los que se pueda acusar de su comisión, es esencial contar con un sólido asesoramiento jurídico. En Navarro Llima Abogados, contamos con más de 20 años resolviendo este tipo de situaciones. 

 

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