Ejecución provisional Navarro Llima Abogados Zaragoza Fianza Sentencia

La ejecución provisional de sentencias de condena dineraria

La Ley de enjuiciamiento Civil vigente (Ley 1/2000, de 7 de enero), introdujo como novedad respecto de la Ley de enjuiciamiento de 1881 la posibilidad de ejecutar provisionalmente las Sentencias sin necesidad de fianza.

Con esta Ley anterior, el ciudadano que había ganado un juicio en el que por ejemplo se condenaba a su deudor a abonar una cantidad de dinero, veía cómo la Sentencia dictada a su favor se quedaba “paralizada” si el deudor interponía un recurso de apelación, y posteriormente  incluso un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, hasta que tales recursos se resolvieran.  Podían pasar 10 años desde que se obtuvo Sentencia favorable, hasta poderla ejecutar y cobrar, a no ser que se ofreciera fianza o caución suficiente que valoraría el Juez, y una vez acordada la ejecución se constituya efectivamente la fianza o aval en un breve plazo de tres días (art. 385 de la Ley de enjuiciamiento anterior)

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Introducción de Sentencia de ejecución provisional sin fianza

La Ley de Enjuiciamiento civil (LEC) vigente introdujo esta novedad de ejecutar provisionalmente la Sentencia de Primera Instancia, es decir, el ciudadano puede pedir la ejecución provisional y embargar bienes al deudor desde que conste que la Sentencia ha sido apelada. Si la citada Sentencia provisionalmente ejecutada se confirma luego en Instancias superiores, (Audiencia Provincial, y/o Tribunal Supremo), no hay mayor problema.  El problema surge cuando una vez ejecutada provisionalmente la Sentencia, ésta es revocada en instancias superiores.

Si somos el ejecutante tendremos que devolver lo obtenido, pues aquella Sentencia que nos daba la razón y que hemos ejecutado ha sido revocada. Pero sin duda, el mayor miedo lo tiene el ejecutado.  Si somos el ejecutado, nos habrán embargado bienes, o cuentas bancarias y el producto de esos embargos habrá sido entregado al ejecutante. 

Si luego la Sentencia se revoca, el ejecutante, como hemos dicho, nos tendrá que devolver lo injustamente obtenido, pero puede ocurrir que el ejecutante, que ya ha cobrado, ahora sea insolvente y no nos devuelva lo obtenido. La solución sería que el ejecutante prestara caución o fianza para responder en el caso de que la Sentencia que provisionalmente ha ejecutado, sea revocada.

Pues bien, la propia LEC estipula expresamente que no hará falta esa fianza, lo que supone un claro riesgo.  Es más, la exposición de motivos de la Ley, de manera harto criticable, dice lo siguiente: “Con el sistema de esta Ley, existe, desde luego, el peligro de que el ejecutante provisional haya cobrado y después haya pasado a ser insolvente, pero, de un lado, este peligro puede ser mínimo en muchos casos respecto de quienes dispongan a su favor de sentencia provisionalmente ejecutable.”

¿Y si el peligro no es mínimo?  O aún siendo mínimo resulta que ocurre una insolvencia del que fue ejecutante?  Quién nos devuelve lo que nos embargaron amparándose en una Sentencia que ahora ha sido revocada?

Oposición a la ejecución provisional dineraria

La Ley establece en sus artículos 528 al 530, que el ejecutado sólo podrá oponerse a la ejecución una vez que ésta se haya despachado.  

Si la condena es dineraria la oposición sólo podrá referirse a actos concretos de la ejecución, y por último, que se oponga el pago o cumplimento de la sentencia, por ello cualquier otro motivo que se alegue no será susceptible de entrar a resolver sobre el mismo acordándose seguir la ejecución provisional en los términos recogidos en el auto despachando ejecución.

La Ley en concreto establece en su art. 528.3: 3. Si la sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios.

Al formular esta oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado.

Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución , y así se decretará de inmediato por el Letrado de la Administración de Justicia. Contrado dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos.

Se trata como vemos de dar máxima eficacia a las sentencias dictadas en Primera Instancia, a fin de que no queden desvirtuadas por recursos meramente dilatorios, pero entraña el riesgo apuntada de la posible insolvencia posterior del ejecutante. 

Si se diera el caso, únicamente podríamos plantearnos la posible responsabilidad de la Administración de Justicia, a quien tendríamos que demandar, y eso ya sabemos que no es precisamente un trámite rápido.

A nuestro entender, la Ley mejoraría si de alguna forma menos rigurosa que la LEC 1881, se asegurará la posible insolvencia futura del ejecutante, estableciendo, por ejemplo, que tuviera que presentar aval bancario, o se garantizase mediante prenda o hipoteca, en el bien entendido que en caso de confirmarse la sentencia, los gastos que suponga esa garantía sean posteriormente repercutibles al ejecutado.

 

Dr. Pablo Félez Blasco

Abogado y Doctor en Derecho.

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