18 Jun La plusvalía municipal en entredicho: Se abre una nueva vía para solicitar la devolución de cantidades indebidas.

En Navarro Llima Abogados, hoy te expondremos las últimas novedades jurisprudenciales sobre la plusvalía municipal, la recientísima cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián y además te explicaremos como solicitar la devolución del impuesto y cómo debemos prepararnos ante posibles situaciones de sujeción a este polémico tributo.

¿Cuáles son las novedades jurisprudenciales acerca de la plusvalía municipal?

En las últimas fechas hemos asistido a una avalancha de sentencias de tribunales de todas las instancias por casi todo el territorio nacional que están anulando el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como Plusvalía Municipal, a través del cual los Ayuntamientos han recaudado con fiereza en los últimos tiempos, más aun en los periodos más acuciantes de la crisis cuando los terrenos no experimentaban un incremento de su valor sino todo lo contrario. Sobre todo porque su método simple y objetivo de cuantificación de la base imponible en tiempos de crisis es manifiestamente incompatible con el principio de constitucional de capacidad económica en los momentos de crisis y caída drástica y permanente de precios en el sector inmobiliario.

Si bien en años de bonanza el sistema de cálculo si pudiera corresponder con el efectivo valor de los terrenos, llegó la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria y ni se corrigieron ni adaptaron los valores catastrales a la depreciación que había sufrido el suelo urbano, por el contrario y paradójicamente se aumentaron los valores catastrales de los inmuebles, mientras tanto los Ayuntamientos aplicaban a raja tabla y sin miramiento alguno sus correspondientes ordenanzas fiscales, moviéndonos en situación tributariamente irreal y ficticia.

Hay pronunciamientos que han aceptado cuantificar la base imponible de forma distinta a Ley Reguladora de Haciendas Locales (LRHL) como una sentencia del Juzgado de Cuenca (21/09/10) y otros que desde un primer momento consideraron que no existía un incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana y por ende no se entendía por configurado el hecho imponible (S. Juzgado de Barcelona de 22/01/13, basada en STSJ de Cataluña 21/03/12 y STSJ Madrid 11/12/13). Como decíamos “atendiendo a lo que actualmente puede considerarse normal, hay que concluir que el IIVTNU grava unos hechos que ya no son normalmente indicativos de la existencia de capacidad económica. Nos encontramos pues ante un impuesto que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, vulnera claramente el principio de capacidad económica, ya que “dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia”.

Recientemente y en el contexto Jurisprudencial expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián acaba de dictar un Auto en el que plantea la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 107 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El pronunciamiento judicial trae causa en el recurso interpuesto por un contribuyente que vendió en 2014 por 600.000€ un terreno que había adquirido en 2003 por 3.101.222€ y, pese a ello, le exigieron el pago de 17.899€ en concepto de IIVTNU. Es decir: pese a que tuvo unas pérdidas que representaban el 80% del precio pagado por la adquisición del inmueble, la Ley determinaba la exigibilidad del IIVTNU por un importe de 17.899€.

Sin entrar al análisis pormenorizado del Auto de San Sebastián que la normativa reguladora de la base imponible del IIVTNU establece una regla de valoración legal que no pude ser corregida cuando se produce una minusvalía, lo que resulta contrario al principio constitucional de capacidad económica. Y pone en tela de juicio que si la regla de valoración establecida permite o no prueba en contrario que permita en vía de alegación o de recurso administrativo o contencioso-administrativo-en conexión con el art. 24 de la CE de 1978-acreditar y probar que se ha producido una revalorización menor o una minusvalía según el caso. La doctrina tributarista mayoritaria refuerza lo expuesto en el mencionado auto de San Sebastián.

¿Cómo se configura la nueva vía para solicitar la devolución de cantidades indebidas a causa de la plusvalía municipal?

No cabe duda que es una esperada y acertadísima resolución judicial que puede ser decisiva, y a juicio del que suscribe lo será, para depurar nuestro ordenamiento jurídico, basándose el mismo en la capacidad real del contribuyente y no basado en cálculos alejados de la realidad que vive el sector inmobiliario, puesto que resulta incuestionable y demostrable la continua caída del precio de los inmuebles al menos en los últimos, cuestión que no contempla la regulación de la plusvalía municipal. Si finalmente se obtiene un pronunciamiento de inconstitucionalidad, los Ayuntamientos se enfrentarían a re-cálculos y devoluciones millonarias, por las cantidades pagadas que puedan ser objeto del procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Qué puede hacer un contribuyente que ha pagado una plusvalía y pretende reclamar su devolución: como he expuesto la mayoría de la Jurisprudencia considera que si realmente no se ha producido incremento del valor del terreno en cuestión, no se produce la sujeción al impuesto, pronunciamientos que allanan el camino para reclamar la devolución de estos ingresos indebidos por plusvalías municipales pagadas durante los últimos cuatro años, lo no prescrito.

Pueden darse diversos supuestos que durante el periodo de cálculo del impuesto, el valor del suelo se haya incrementado, que se haya incrementado pero en proporción inferior a la aplicada por el Ayuntamiento, o incluso que valor del suelo se haya devaluado. En todos los escenarios y según el caso deberemos adecuar nuestra reclamación de tal forma que se ajuste y cumpla todas las condiciones que establecen los tribunales para dar la razón al contribuyente. Otro aspecto importante de la mecánica de la solicitud de devolución de ingresos indebidos, es la que la mera presentación de la solicitud interrumpe el plazo de prescripción, por tanto se aconseja al contribuyente que se plantee una reclamación de este tipo que no lo demore en el tiempo, el tiempo juega a favor de la Administración.

Espero que de la lectura de este post, del nuevo horizonte abierto tras las resoluciones de los Tribunales de Justicia y sobre todo de la pendiente resolución del Tribunal Constitucional, se planteen al menos la posibilidad de solicitar la devolución de cantidades indebidas o en su caso que tomen las debidas cautelas a la hora de presentar nuevas liquidaciones, siempre bien asesorados por profesionales de confianza.

Navarro Llima Abogados