
20 Nov CUANDO EL DAÑO HABLA POR SÍ MISMO: LA DOCTRINA DEL DAÑO DESPROPORCIONADO EN LA SANIDAD PUBLICA
La doctrina del daño desproporcionado solo tiene sentido si sirve para algo: obligar a la Administración sanitaria a explicar lo que, de otro modo, quedaría sin explicación. Esa es la tesis que defenderemos en estas líneas, y que encuentra hoy un respaldo especialmente lúcido en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 13 de diciembre de 2023 (rec. 456/2020, ECLI:ES:TSJAND:2023:12820).
Pocas construcciones del derecho de daños sanitarios han generado tanta literatura y, al mismo tiempo, tanta incertidumbre aplicativa. Entre quienes la reducen a una cláusula de estilo, invocada en casi todas las demandas y estimada en casi ninguna, y quienes pretenden convertirla en un sistema encubierto de responsabilidad objetiva, existe un espacio intermedio que conviene delimitar con precisión. A ello dedicamos el blog de hoy, que no pretende ser una exposición neutral, sino una toma de posición razonada.
1. El punto de partida: una responsabilidad objetiva modulada por la lex artis
La responsabilidad patrimonial de la Administración tiene anclaje constitucional en el art. 106.2 CE y se regula hoy en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su formulación legal es objetiva: basta un daño efectivo, evaluable e individualizado, causalmente vinculado al funcionamiento del servicio público, que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.
En el ámbito sanitario, sin embargo, esa objetividad se ve intensamente matizada. La medicina es una obligación de medios y no de resultado, y el servicio público de salud no puede erigirse en «asegurador universal» de la curación. El propio art. 34.1 de la Ley 40/2015 excluye la indemnización de los daños derivados de hechos que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica. De ahí que la jurisprudencia haya erigido la lex artis ad hoc en el criterio que determina la antijuricidad del daño: si la asistencia se ajustó a ella, el resultado adverso, por doloroso que sea, se reputa un riesgo que el paciente debe soportar.
La STSJ de Andalucía de 13 de diciembre de 2023 sistematiza esta doctrina en diez notas caracterizadoras (FJ 7º) y reconoce, con una honestidad poco habitual, que la ligazón a la lex artis «acerca el sistema de responsabilidad sanitaria a la noción de culpa» (FJ 11º). No se trata, precisa, de una culpa parangonable a la penal, sino de una «culpa objetivada», medida conforme a estándares, protocolos y guías clínicas.
La carga de la prueba y la asimetría informativa
Este es el verdadero problema de fondo. Si la responsabilidad sanitaria exige acreditar una desviación de la lex artis, y la prueba de esa desviación recae, conforme al art. 217 LEC, sobre quien reclama, el paciente queda en una posición de manifiesta asimetría informativa. Quien controla la historia clínica, los registros, los protocolos y el conocimiento técnico es la Administración. El art. 217.7 LEC, al imponer al Tribunal la consideración de la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte, abre la puerta a corregir esa asimetría. La doctrina del daño desproporcionado es, precisamente, la expresión más acabada de esa corrección.
2. Res ipsa loquitur: cuando el resultado no encaja con la ausencia de culpa
La doctrina del daño desproporcionado hunde sus raíces en la regla anglosajona res ipsa loquitur, próxima a la faute virtuelle francesa y al Anscheinsbeweis (prueba de primera apariencia) alemán. Macías Castillo (2006) advierte que su traducción literal, «la cosa habla por sí misma», resulta un tanto libre: su verdadero significado jurídico consiste en identificar supuestos en los que el resultado dañoso y los hechos que lo causaron «no resisten con facilidad una ausencia de responsabilidad». El resultado es tan anómalo que permite presumir la negligencia, sin perjuicio de que el agente pruebe lo contrario.
Sobre esta base, la doctrina ha ofrecido formulaciones de exigencia variable:
- Munar Bernat (2004) exige que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no ocurren sin una conducta negligente, que se origine en una conducta incluida en la esfera de acción del demandado (aunque no se conozca su detalle exacto) y que no sea imputable a la esfera de la propia víctima. Como subraya Vicandi Martínez (2015), de su planteamiento se desprende que el simple desconocimiento de la causa bastaría para activar la doctrina.
- O’Callaghan Muñoz (2001) sitúa el acento en la falta de explicación: si el tratamiento produce un daño que no guarda proporción con la dolencia que motivó la consulta y el médico no explica su causa, ese resultado desproporcionado «acredita el nexo causal» entre la actuación médica y el daño.
- Sánchez García (2013) la restringe a los resultados extraños e imprevisibles según las reglas de la experiencia y el sentido común, con independencia de su gravedad, y la descarta cuando se materializa un riesgo conocido de la intervención.
Requisitos jurisprudenciales del daño desproporcionado
La jurisprudencia contencioso-administrativa ha decantado estos planteamientos en un cuerpo de requisitos relativamente estable. La STS (Sala Tercera) de 19 de mayo de 2016 (rec. 2822/2014) describe el «resultado clamoroso» como un efecto dañoso inasumible, inesperado e inexplicado, que genera una presunción de quiebra de la lex artis y traslada a la Administración, desde el principio de facilidad y proximidad probatoria, la carga de probar las circunstancias en que el daño se produjo. La STSJ de Andalucía de 13 de diciembre de 2023 (FJ 8º) lo concreta en cuatro requisitos cumulativos:
- Un resultado inesperado, anormalmente grave y desproporcionado en relación con el riesgo inicial de la actividad médica.
- La imposibilidad de subsumir ese resultado en los riesgos típicos de la actuación de que se trate.
- La relación de causalidad entre el daño y el acto médico.
- La falta de una explicación suficiente, lógica y razonable por parte de la Administración.
Acreditados por el reclamante el daño y su desproporción, se desplaza al demandado la prueba de su actuación diligente o de que el daño obedece a una causa ajena a su ámbito de control. Se trata, conviene subrayarlo, de una presunción iuris tantum, y no de una inversión absoluta de la carga de la prueba.
3. Sentencia de 13 de diciembre de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª (rec. 456/2020)
Los hechos se remontan a 2006. Un niño nace en un hospital público de Córdoba mediante parto instrumentado con fórceps, indicado ante bradicardia fetal en el expulsivo. Las primeras valoraciones son tranquilizadoras (Apgar 7/9/10, pH 7,20), pero horas después aparece un sangrado nasal y auricular. El TAC revela una hemorragia intracraneal masiva que deriva en encefalopatía multiquística: el menor queda ciego, tetrapléjico y con una discapacidad reconocida del 85%.
El recorrido procesal es ilustrativo de la dificultad probatoria a la que se enfrentan las familias. La vía penal terminó en sobreseimiento, confirmado por la Audiencia Provincial de Córdoba (auto de 11 de julio de 2014), que rechazó expresamente aplicar la doctrina del daño desproporcionado por su incompatibilidad con la presunción de inocencia. En la vía contencioso-administrativa, el Juzgado nº 5 de Córdoba desestimó la demanda (sentencia de 13 de diciembre de 2019): no se había acreditado infracción de la lex artis y, aunque la causa del daño seguía siendo desconocida, «no basta el fatal resultado» para imputar responsabilidad.
La decisión del TSJ de Andalucía
El TSJ de Andalucía revoca esa sentencia. Confirma que no hay indicios de mala praxis ni antes del parto ni en la atención neonatal posterior, pero aprecia que el juzgador de instancia no ponderó la perspectiva del daño desproporcionado en relación con el uso de los fórceps. Su razonamiento descansa en varios elementos:
- Los propios peritos de la aseguradora codemandada calificaron de «llamativa» la severidad de la hemorragia, reconocieron que su causa más habitual es el trauma obstétrico y admitieron no poder determinar su origen.
- Excluidas por falta de indicios la fase prenatal y la neonatal, el daño «ha tenido que ocasionarse necesariamente» durante el parto (FJ 12º).
- Un neurólogo pediátrico apreció en el TAC signos compatibles con fractura parietal coincidente con el hematoma, y un neurocirujano atribuyó la hemorragia al fórceps.
- Frente a esta explicación, las alternativas ofrecidas por los demandados no pasaron de «conjeturas» formuladas sin convicción.
La Sala distingue con acierto entre la indicación del fórceps, que fue correcta, y su correcta ejecución, que la Administración no logró acreditar. Ante «unos resultados tan catastróficos y anormales», no basta con afirmar que estas cosas pueden pasar. El fallo condena solidariamente al Servicio Andaluz de Salud y a su aseguradora a abonar 150.000 euros a cada progenitor y una pensión vitalicia de 3.000 euros mensuales al menor, con el límite de 1.500.000 euros.
4. Valoración de la construcción doctrinal del daño desproporcionado
Expuestos el marco, los requisitos y traída a colación la sentencia que acabamos de analizar, procedemos a hacer una valoración de la construcción doctrinal del daño desproporcionado:
a. Riesgos típicos excluidos
Sánchez García (2013), al examinar los riesgos típicos excluidos de la doctrina, otorga «especial relevancia» a los daños cerebrales sufridos por los recién nacidos en el parto. Apoyándose en la jurisprudencia de la Sala Tercera de 17 de diciembre de 2012 (rec. 6693/2010), sostiene que estos daños entran, desgraciadamente, dentro de los escenarios posibles que la ciencia médica no ha logrado desterrar, por lo que no cabría hablar de daño desproporcionado.
Discrepamos de esta lectura, al menos en la medida en que se formule como regla general. Hay que tener presente que el estudio data de 2013 y que la evolución jurisprudencial posterior ha matizado sensiblemente la cuestión. El TSJ de Andalucía lo expresa con precisión (FJ 13º): aquella sentencia del Tribunal Supremo se pronunció «en el presente caso», vinculada a sus hechos y condicionada por las severas limitaciones de la casación para revisar la prueba. No contiene una afirmación dogmática de alcance general. Concluir que los daños neurológicos del neonato son siempre riesgos típicos sería tan rígido como afirmar que deben indemnizarse siempre.
El razonamiento correcto, a nuestro juicio, no se pregunta si el daño cerebral es abstractamente posible en un parto, porque casi todo lo es. Se pregunta si la concreta magnitud del daño producido es coherente con el curso asistencial que la Administración afirma haber seguido. Un parto que, según los demandados, discurrió con normalidad y conforme a protocolo no debería desembocar en una hemorragia de «dimensiones extraordinarias». Cuando eso ocurre, la desproporción no radica en el tipo de complicación, sino en su intensidad, y esa asimetría reclama una explicación.
La función de la doctrina según el TSJ
Por ello suscribimos plenamente el pasaje central de la sentencia del TSJ (FJ 8º), que constituye, en nuestra opinión, la mejor síntesis de la función de esta doctrina:
«Si se quiere que esta doctrina del daño desproporcionado ostente alguna operatividad práctica real (…), habrá de convenirse en que tal operatividad se basa en que al desplazar la carga de la prueba, puede dar pie a exigir a la Administración sanitaria demandada que explique convincentemente cómo puede ser que incluso habiéndose seguido aparentemente las pautas y protocolos establecidos, aun así haya sobrevenido finalmente un resultado dañoso tan anormal o inusual y tan cuantitativa y cualitativamente relevante (…); de manera que a falta de tal explicación quepa afirmar la responsabilidad.»
La clave está en el adverbio «aparentemente». La doctrina no opera contra una asistencia debidamente correcta, sino contra una corrección meramente aparente, desmentida por la elocuencia del resultado. Si se exigiera al paciente demostrar previamente la infracción de la lex artis, la doctrina carecería de objeto: quedaría reducida, en palabras de la propia Sala, a «una digresión académica de corte especulativo».
b. La esfera de acción del demandado y la duda razonable
El punto más delicado de la doctrina es determinar cuánta certeza sobre el origen del daño debe aportar el reclamante. Aquí conviene matizar la tesis de Munar Bernat (2004). Si el simple desconocimiento de la causa bastara para activar la presunción, la doctrina se convertiría en una responsabilidad objetiva pura, incompatible con la naturaleza de medios de la obligación sanitaria.
Pero el exceso contrario es igual de inaceptable. Exigir al paciente que pruebe con certeza la causa que se sitúa dentro de la esfera de la actuación sanitaria equivale a exigirle precisamente lo que la doctrina pretende dispensarle: la prueba de lo que solo la Administración puede conocer.
Nuestra posición se sitúa entre ambos extremos. La doctrina del daño desproporcionado debe desplegar sus efectos cuando no haya quedado acreditado, sin margen de duda, que el daño se originó fuera de la esfera de acción del demandado; dicho de otro modo, cuando existan dudas razonables y fundadas de que la causa se sitúa dentro de esa esfera. No basta la ignorancia genérica de la causa. Es necesario que esa ignorancia se proyecte sobre un ámbito que la Administración controla, y que, por tanto, está en condiciones de esclarecer.
La aplicación al caso por el TSJ de Andalucía
Eso es exactamente lo que hace el TSJ de Andalucía:
- Descarta, por ausencia de indicios, que el daño se originara antes del parto o en la atención neonatal posterior.
- Localiza, «por pura exclusión», el origen del daño en el parto, es decir, en el núcleo mismo de la actuación sanitaria.
- Identifica, a partir de la prueba pericial, «dudas sólidas y fundadas» sobre el correcto empleo del fórceps.
- Constata que la Administración, a quien correspondía disiparlas, no lo hizo.
La causa exacta siguió sin conocerse con certeza científica; el médico forense llegó a dudar de que llegara a conocerse nunca. Pero la incertidumbre ya no era genérica: estaba circunscrita a la esfera sanitaria. En ese escenario, la falta de explicación no puede perjudicar a quien no tuvo acceso a lo ocurrido.
Esa lectura enlaza con la formulación de O’Callaghan Muñoz (2001): lo decisivo no es que el paciente identifique la causa, sino que el profesional no la explique. Con un matiz que consideramos esencial: la ausencia de explicación solo adquiere valor probatorio cuando la duda sobre el origen del daño apunta, de manera razonable, a la actuación asistencial. Así entendida, la doctrina no presume la culpa en el vacío, sino que distribuye el riesgo de la incertidumbre conforme a la facilidad probatoria del art. 217.7 LEC.
5. Prudencia, autonomía y un incentivo saludable
Defender una aplicación efectiva de la doctrina no equivale a defender su aplicación indiscriminada. La propia sentencia insiste en que no opera como una cláusula de aseguramiento universal frente a resultados insatisfactorios. Debe aplicarse con prudencia, a partir de datos fundados y con una motivación ceñida a las circunstancias del caso. Tres consecuencias de este planteamiento merecen subrayarse:
- Primera: el sobreseimiento penal no cierra la puerta. La Sala descarta con solidez que la absolución o el archivo penal impidan apreciar después responsabilidad patrimonial. La responsabilidad penal se rige por el principio de culpabilidad y la presunción de inocencia, que excluyen trasladar la carga de la prueba al investigado. La responsabilidad patrimonial carece de naturaleza sancionadora y admite ese desplazamiento. No hay contradicción en que los facultativos no hayan cometido delito y, al mismo tiempo, la Administración no haya justificado su buena praxis.
- Segunda: la carga no es más pesada para la Administración que para el paciente. Ante la objeción de que la prueba exigida al servicio sanitario resulta difícil, la Sala responde que no lo es más que la que se exige habitualmente a los ciudadanos que reclaman por negligencias médicas. Compartimos esta observación. El desplazamiento de la carga no crea un privilegio para el paciente; corrige una desigualdad de armas que existe de partida.
- Tercera: la doctrina incentiva la buena documentación clínica. Si la falta injustificada de datos asistenciales juega en contra de la Administración, los servicios de salud tienen un poderoso estímulo para registrar con rigor cada decisión y cada maniobra, como ya exige la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, en materia de historia clínica. No se trata de interponer burocratismos, sino de que quien controla la información asuma las consecuencias de no aportarla.
Un apunte práctico para quien litiga
Un último apunte de orden práctico: el TSJ de Andalucía revisa la valoración probatoria del juzgado de instancia porque esta omitió la perspectiva del daño desproporcionado. Para quien litiga en esta materia la lección es clara: la doctrina debe invocarse desde la demanda, de forma expresa y fundada, y acompañarse de una prueba pericial que acredite tanto la gravedad del daño como su desproporción respecto del riesgo típico de la intervención.
6. Conclusiones
La doctrina del daño desproporcionado no convierte a la Administración sanitaria en aseguradora de resultados, pero tampoco puede quedar reducida a una fórmula retórica que se cita para ser descartada. Su función es más modesta y, a la vez, más exigente: cuando un resultado es tan grave y anómalo que desmiente la normalidad aparente de la asistencia, y la duda razonable sobre su origen apunta a la esfera sanitaria, corresponde a quien prestó la asistencia explicar lo ocurrido.
La STSJ de Andalucía de 13 de diciembre de 2023 demuestra que esta construcción puede aplicarse con rigor, sin automatismos y con pleno respeto a la naturaleza de medios de la obligación médica. Al final, la cuestión es de justicia elemental: el silencio sobre la causa de un daño devastador no puede recaer sobre quien nunca tuvo acceso a lo que sucedió en la intervención.
Referencias doctrinales
- Macías Castillo, A. (2006): «Res ipsa loquitur y responsabilidad civil del traumatólogo», Diario La Ley, n.º 43.
- Munar Bernat, P. A. (2004): «Daños causados por actos médicos», Práctica de Derecho de Daños, n.º 18.
- O’Callaghan Muñoz, X. (2001): «Nuevas orientaciones jurisprudenciales en materia de responsabilidad civil médica», Actualidad Civil, n.º 1.
- Sánchez García, M. M. (2013): «El daño desproporcionado», Revista CESCO de Derecho de Consumo, n.º 8.
- Vicandi Martínez, A. (2015): «El daño desproporcionado en la responsabilidad civil sanitaria por cirugía: una visión dogmática y jurisprudencial de la realidad actual», Revista CEFLEGAL, n.º 169.

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