Cómo actuar contra el socio administrador por administración desleal: conductas típicas, legitimación y vías de reacción

Navarro Llima Abogados asesora al socio frente a la administración desleal

27 Oct Cómo actuar contra el socio administrador por administración desleal: conductas típicas, legitimación y vías de reacción

Publicado a las 15:46h en Conflicto comercial socios por Navarro Llima Abogados 0 Comentarios

Cuando un socio sospecha que quien administra la sociedad la gestiona en su propio beneficio, debe resolver tres cuestiones antes de actuar. La primera es si los hechos constituyen un delito de administración desleal o solo un incumplimiento de deberes societarios. La segunda es quién está legitimado para reaccionar, y el titular del daño decide en buena medida la respuesta. La tercera es por qué cauce, penal o mercantil, y con qué consecuencias para la reclamación del daño.

El tipo: un incumplimiento grave y doloso de los deberes del administrador

El art. 252 del Código Penal castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, se excede en su ejercicio y causa un perjuicio al patrimonio administrado. El delito reprueba, en palabras que el Tribunal Supremo ha repetido (Auto 285/2018 ECLI:ES:TS:2018:2185A), la conducta que rompe los vínculos de fidelidad y lealtad que unen al administrador con el patrimonio administrado. Por esa razón resulta irrelevante que el administrador ostente un poder amplio y no revocado: si lo ejerce de forma desleal y perjudica al principal, la conducta es típica. Desde la LO 1/2015 es un delito patrimonial genérico, que puede tener por sujeto pasivo a cualquier persona y que ya no se limita, como con el antiguo art. 295, al ámbito de las sociedades.

La doctrina del Alto Tribunal descompone la figura en tres elementos.

Ostentar facultades de administración sobre un patrimonio ajeno, ya procedan de la ley, de la autoridad o de un negocio jurídico.
Excederse en el ejercicio de esas facultades.
Causación de un perjuicio patrimonial.

El núcleo de la acción típica reside en el verbo «excederse». La STS 735/2023 (ECLI:ES:TS:2023:4012), de 5 de octubre, precisa que el art. 252 utiliza una expresión más genérica que el derogado art. 295, de modo que la ilicitud del administrador no se produce solo cuando usa indebidamente las facultades que tiene, sino también cuando ejerce facultades que no tiene en perjuicio del patrimonio administrado. Se comprende así tanto el abuso como la extralimitación, y también, según la formulación recogida en la doctrina de la Sala, no actuar con la diligencia exigible en la gestión encomendada. En estos casos, el administrador infringe sus deberes y actúa de forma contraria a los intereses del patrimonio administrado.

El perjuicio, por su parte, no tiene por qué consistir en una disminución efectiva del patrimonio. También puede ser una pérdida de ganancia por la omisión del garante que no realizó la operación que le era exigible.

¿Cual diferencia al ilícito mercantil?

Para entender la frontera con el mero ilícito mercantil conviene recordar que objetivamente el tipo penal se parece mucho al ilícito civil del art. 236 LSC: ambos exigen un daño imputable al incumplimiento de los deberes del cargo. La diferencia está en el elemento subjetivo. El delito exige dolo, aunque basta el eventual. Quedan fuera del tipo las decisiones amparadas por la regla de la discrecionalidad empresarial, las infracciones no intencionales del deber de diligencia y las infracciones de los deberes de lealtad cometidas por imprudencia, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño. La doctrina penalista mayoritaria entiende que la antijuricidad mercantil es condición necesaria pero no suficiente, y que el juicio penal funciona como un tamiz que reserva el castigo a las infracciones más graves.

Los deberes que el administrador infringe

Para identificar la deslealtad conviene partir de los deberes legales. El art. 225 LSC exige la diligencia de un ordenado empresario, que comprende ejercer efectivamente el cargo, vigilar y supervisar, e informarse. El art. 227 LSC impone desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. Su apartado 2 añade una consecuencia relevante: la infracción del deber de lealtad obliga a indemnizar el daño causado al patrimonio social y también a devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador. El art. 228 LSC concreta las obligaciones básicas de lealtad, entre ellas:

no ejercitar las facultades con fines distintos de aquellos para los que fueron concedidas;
abstenerse de participar en las decisiones en las que el administrador o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses;
adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto con el interés social.

El art. 226 LSC protege, además, la discrecionalidad empresarial. El estándar de diligencia se entiende cumplido cuando el administrador ha actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. La protección no alcanza a las decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas ni a las operaciones del art. 230. Quien reprocha deslealtad debe, por tanto, buscar precisamente ese interés personal o ese conflicto.

Las conductas que encajan en el tipo

La disposición de fondos sociales sin causa real.

El Tribunal Supremo ha valorado como prueba nuclear de la ilicitud la ausencia de justificación documental de la contraprestación cuando existen pagos a sociedades vinculadas personalmente con el administrador. La STS 1112/2024 (ECLI:ES:TS:2024:6073) afirma que, acreditados documentalmente los movimientos entre cuentas bancarias, no cabe más explicación que el ánimo apropiativo cuando el acusado no logra justificar el destino del dinero.

La autocontratación y el conflicto de intereses.

Incluso cuando la prestación es real, el pago puede ser desleal si el administrador se autoconcede la operación sin conocimiento ni aprobación de los socios o del órgano competente. La STS 449/2025 (ECLI:ES:TS:2025:1169), de 20 de marzo, ofrece una aplicación muy ilustrativa al declarar que el administrador que contrata servicios de la sociedad con otras sociedades de su grupo sin comunicar el conflicto a la junta incurre, per se, en un incumplimiento del deber de lealtad, pues la comunicación debe ser expresa, independientemente del análisis posterior sobre si en esa contratación primó el interés social.

El desvío de oportunidades de negocio.

La misma sentencia reconoció como daño indemnizable el lucro cesante derivado de encargar la gestión de la ocupación de los apartamentos de la sociedad a una empresa vinculada al administrador y competidora, y lo cuantificó de forma estimativa. El Tribunal admitió que no había prueba directa del trasvase de clientela, pero estimó significativo que las sociedades vinculadas incrementaran su facturación mientras la de la sociedad administrada caía de forma tan acusada.

La ocultación frente a los socios.

La STS 189/2024 (ECLI:ES:TS:2024:1170) describe un supuesto en el que el administrador simuló obras mediante facturas, no depositó las cuentas anuales para impedir el control de los socios y no recabó acuerdo alguno de la junta. Estas conductas de encubrimiento refuerzan la imputación porque revelan la conciencia de la ilicitud.

La frontera con la apropiación indebida

Entre el art. 252 y el art. 253 CP el criterio decisivo es el «punto de no retorno». Hay administración desleal cuando la disposición es abusiva, pero con una vocación de retorno, aunque luego frustrada. Hay apropiación indebida cuando la disposición es definitiva, con incorporación al patrimonio propio o de un tercero (SSTS 700/2016 ECLI:ES:TS:2016:3975 y 962/2016 ECLI:ES:TS:2016:5825). Con las penas hoy equiparadas, la STS 1112/2024 (ECLI:ES:TS:2024:6073) afirma que el principio de alternatividad ha perdido operatividad y que los tipos se comportan como círculos concéntricos. La STS 117/2022 (ECLI:ES:TS:2022:435) añade que desviar fondos confiando en poder reponerlos no excluye el dolo y que no es necesario probar el enriquecimiento personal. La STS 768/2024 (ECLI:ES:TS:2024:4354) recuerda que desconocer el destino final del dinero no desvanece la tipicidad.

Ojo: lo que no basta

La SJM nº 2 de Barcelona 240/2025 (ECLI:ES:JM:2025:205), de 12 de noviembre, recuerda que un resultado económico negativo no es antijurídico por sí mismo y que debe acreditarse una conducta concreta del administrador, no imputable a factores externos como la insolvencia de terceros. Dos peritajes concordantes de la parte demandada explicaron las pérdidas por la insolvencia de filiales y calificaron los errores contables como formales. La actora no aportó pericia propia ni prueba comparativa de mercado. La sentencia añade que la aprobación reiterada de la gestión por la mayoría no cierra el paso a la acción, pero traslada una carga probatoria más intensa a quien litiga.

Quién puede actuar y por qué vía

La clave está en quién sufre el daño. Cuando lo sufre la sociedad, quien ostenta la acción es la sociedad en sí misma, con la legitimación extraordinaria de la minoría. Cuando lo sufre directamente un socio o un tercero, hay una acción propia.

La primera vía: la sociedad como titular del patrimonio (penal y acción social)

La SAP Illes Balears (Sección 2.ª) 485/2023 (ECLI:ES:APIB:2023:2877), de 25 de octubre, distingue entre el ofendido, titular del bien jurídico, y el perjudicado, que sufre consecuencias dañosas sin serlo. Aunque en ese sentido económico los socios sean titulares últimos del patrimonio social, jurídicamente el único titular del patrimonio administrado es la sociedad, y el administrador no administra bienes de los socios. De ahí que los socios no sean sujetos pasivos del delito ni estén legitimados como acusación particular, a la luz de los arts. 109, 109 bis y 281 LECrim y de la distinción del art. 2 de la Ley 4/2015 entre la víctima y los terceros indirectamente perjudicados.

En la vía mercantil, la acción social exige acto antijurídico, daño efectivo y nexo causal, con la carga de la prueba en el actor (art. 217 LEC). La indemnización es para la sociedad, no para el socio. El art. 236.3 LSC extiende la responsabilidad al administrador de hecho.

La segunda vía: la acción individual del socio o del tercero

El art. 236.1 LSC hace responder a los administradores frente a la sociedad, los socios y los acreedores, y el art. 241 LSC deja a salvo las acciones de indemnización de socios y terceros por actos de los administradores que lesionen directamente sus intereses. La doctrina, siguiendo la jurisprudencia del Alto Tribunal, la describe como un ilícito orgánico y una responsabilidad extracontractual integrada en el marco societario, con regulación propia. Exige:

un daño que consiste en una lesión directa del patrimonio del socio o del acreedor, de modo que no basta la mera insolvencia de la sociedad, el impago de un crédito o el cierre de hecho de la empresa;
actos u omisiones negligentes o dolosos, sin que sea imprescindible un acto contrario a la ley o a los estatutos, pues basta omitir la diligencia del ordenado empresario y representante leal;
relación de causalidad entre la conducta y el daño;
un daño directo, no meramente reflejo del sufrido por la sociedad.

Esta cuarta nota es la que separa la acción social, que busca restablecer el patrimonio de la sociedad, de la individual, que repara el perjuicio en el patrimonio del socio o del tercero.

De ello se deriva su principal ventaja procesal: la acción individual es ajena a cualquier intervención de la sociedad en su planteamiento, desarrollo o resultado, y la legitimación corresponde a cualquier persona, aunque no sea socio. No hace falta, por tanto, acuerdo de la junta ni umbral de capital. La responsabilidad es solidaria entre los miembros del órgano que adoptó el acuerdo o realizó el acto. Solo se exoneran, según el art. 237 LSC, quienes prueben que no intervinieron, que desconocían la existencia del acto o que hicieron lo conveniente para evitar el daño o se opusieron expresamente.

El socio debe ser realista con el límite. En la mayoría de los supuestos de administración desleal el daño se produce en el patrimonio social y solo repercute de forma refleja en el valor de las participaciones, y esa vía corresponde a la acción social. La jurisprudencia insiste en que no se debe aplicar de forma indiscriminada la acción individual por cualquier incumplimiento, para no contravenir la personalidad jurídica independiente de la sociedad ni la relatividad de los contratos. Un incumplimiento contractual de la sociedad no genera, por sí, responsabilidad del administrador.

La tercera vía: acciones societarias complementarias

El art. 232 LSC aclara que el ejercicio de la acción de responsabilidad no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad. A ello se suma la devolución del enriquecimiento injusto del art. 227.2 LSC. Combinadas con la reclamación del daño, permiten atacar el contrato lesivo, detener la conducta y recuperar el lucro obtenido por el administrador.

Cuestiones prácticas

La prescripción de la acción social sería de cuatro años desde que pudo ejercitarse (art. 241 bis LSC).

La solidaridad de los miembros del órgano colegiado sería la del art. 237 LSC, y no la subsidiariedad del art. 116.2 CP para los cómplices.

Los pactos de renuncia en la transmisión de participaciones de control pueden vaciar la acción social. Son válidos y, si firman todos los socios, pueden equivaler a la renuncia de la sociedad (art. 238.2 LSC). La STS 316/2018 (ECLI:ES:TS:2018:2498), sin embargo, no lo entendió así, porque la sociedad querellante tenía un patrimonio e intereses distintos del socio renunciante. Conviene revisar siempre qué se pactó y con quién, sin dar por seguro que la renuncia alcance a la querella.

Tres ideas resumen el análisis. La primera es que el éxito depende de acreditar que las operaciones carecían de causa real o de interés social, y que hubo dolo y no meros errores de gestión. La segunda es que no comunicar el conflicto de intereses a la junta es, por sí, un incumplimiento del deber de lealtad. La tercera es que la vía depende de quién sufre el daño: la sociedad, con la minoría legitimada para actuar en su nombre, o el socio o el tercero directamente, con acción individual propia y sin necesidad de la junta.

Si eres socio de una sociedad y sospechas que su administrador podría haber incurrido en un delito de administración desleal o haber incumplido sus deberes legales, es fundamental analizar las operaciones realizadas, valorar las pruebas disponibles y determinar la vía de actuación más adecuada para defender tus intereses. No dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de info@navarrollimaabogados.com para estudiar tu caso y ofrecerte asesoramiento jurídico especializado.